Como lograríamos beneficios fiscales a partir de la inversión en emprendimientos de terceros…

La ley 27264 Programa de Recuperación Productiva, establece  la posibilidad de tomar el 10 % de la inversión como pago a cuenta del impuesto a las ganancias para la inversión en bienes de capital en la empresa que las realiza, con un límite del 2 % de las ventas del ejercicio.

Por otro lado, la Ley Emprendedores prescribe la creación de distintos sistemas de apoyo a la actividad emprendedora y de generación de capital mediante novedosas “Instituciones de Capital Emprendedor” y la formación de un “Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE)”. Los inversionistas se beneficiarán con la deducción del impuesto a las ganancias de entre un 75% (setenta y cinco por ciento) y un 85%(ochenta y cinco por ciento) de los aportes realizados, siempre que estos se mantengan por dos (2) años y los inversores estén en normal cumplimiento de sus obligaciones tanto impositivas como previsionales.

Aquellas empresas que inviertan en estos fondos, no conocen precisamente el emprendimiento destino de su inversión. Ni tampoco el emprendedor cual ha sido la persona jurídica o humana aportarte.

La Ley Emprendedores, es muy auspiciosa en cuanto a la formación de un capital financiero que permita potenciar emprendimientos, que de perfeccionarse podría también contribuir a la creación de un capital social emprendedor y más aún a la mejora de la competitividad por medio del desarrollo de cadenas de valor.

De la misma forma que por medio de la ley que establece el Programa de Recuperación Productiva, la empresa invierte para sí recuperando parte de esa inversión en el menor pago de impuestos, podría generarse un programa por el cual se permita deducir la inversión en bienes de capital realizada en otra empresa.

Cuando una empresa detecta como puntos críticos tanto la capacidad de suministro de un proveedor, como la adquisición de sus productos por un cliente, permitirle que como inversor pueda deducir la inversión que realice en un emprendimiento que conozca, fomentaría la creación o el fortalecimiento de emprendimientos que pueda integrar a su proceso productivo.

De esta manera, una empresa podría invertir en emprendimientos proveedores de los bienes que utiliza en su proceso productivo, o bien en emprendimientos que adquieran sus productos para integrarlos a su proceso productivo o comercial, y como si fuese la propia empresa imputarlos como pago a cuenta del impuesto a las ganancias propio.

Se estaría así, tanto para atrás como para adelante, mejorando las oportunidades de crecimiento del inversor y del emprendimiento de un tercero, y consolidando la cadena de valor del sector del inversor.

Podríamos lograr incluso la sustitución de importaciones de insumos de producción por medio del aliento a la conformación de emprendimientos con el capital del inversor, desarrollar productos que mejoren el proceso productivo, garantizar el suministro necesario, o como mínimo, ampliar la competencia de los proveedores del inversor.

Ante la realidad de muchas empresas que al llegar a su capacidad plena en los momentos de expansión de la economía, no realizan nuevas inversiones para ampliar la misma -lo que conduce a una inflación generada por la oferta- o no están dispuestos a desarrollar nuevos productos por temor a los ciclos económicos, la opción de invertir en nuevos emprendimientos resulta más que aconsejable. Podrían así terciarizar procesos que no hagan a su «core business» o «el corazón de su negocio» sin asumir el riesgo que significa ampliar la capacidad y los costos fijos ante un futuro ciclo económico recesivo.

Buscar un programa que una ambos apoyos a la inversión,  la ley 27264 Programa de Recuperación Productiva y la Ley Emprendedores, permitiendo incentivos fiscales a quienes inviertan directamente en emprendimientos de terceros, contribuiría sin duda alguna a la conformación de un mejor capital social (no sólo financiero) emprendedor, sino también al desarrollo de las cadenas de valor.

Para ello, debería buscarse un mecanismo que permita probar la inversión en el emprendimiento de un tercero y que este tenga como destino la inversión en bienes de capital, ya sea por medio de la compra por parte del inversor del bien y la cesión del mismo al emprendedor, la utilización de una figura intermedia fedataria como un banco o una cámara empresaria, o cualquier otra figura que el legislador prevea a fin de controlar la correcta desgravación impositiva y evitar el abuso del beneficio.