Por Dr. Federico Scherbarth, abogado, magister en Derecho Empresario

Se ha sancionado y publicado la “Ley Emprendedores”(Ley 27.349 publicada en el B.O. el 12/04/2017) y con ello el ecosistema emprendedor puede recibir con beneplácito significativos avances y novedades de financiamiento colectivo y desarrollo.

La ley se prescribe la creación de distintos sistemas de apoyo a la actividad emprendedora y de generación de capital mediante novedosas “Instituciones de Capital Emprendedor”.

Éstas son personas jurídicas públicas, privadas o mixtas, cuyo objeto es aportar fondos a “emprendimientos”.

A su vez, los inversionistas se beneficiarán con la deducción del impuesto a las ganancias de entre un 75% (setenta y cinco por ciento) y un 85%(ochenta y cinco por ciento) de los aportes realizados, siempre que estos se mantengan por dos(2) años y los inversores estén en normal cumplimiento de sus obligaciones tanto impositivas como previsionales.

La ley también crea un “Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE)». En este caso, el financiamiento puede ser directo, o indirecto financiando a las instituciones de capital emprendedor.

A su vez, en el caso de este “Fondo Fiduciario” el aporte puede ser proveniente de fondos derivados del presupuesto general o de empresas que decidan apoyar al emprendimiento. En esta situación, resta aún la parte atinente a la reglamentación del instituto que permita determinar el procedimiento y la instrumentación definitiva.

Por otro lado, también se crea, un sistema de “crowfunding”o “financiamiento colectivo” como sustento para financiar al capital emprendedor a través del mercado de capitales.

Se prescribe la creación de una “plataforma de financiamiento colectivo” llevada adelante por una sociedad anónima registrada y que opera por ante la Comisión Nacional de Valores (C.N.V.).

Su objeto y función será entonces contactar y acercar diversos inversores con emprendedores que presenten un proyecto determinado. Si bien en este caso también resta la reglamentación de la ley al respecto, se puede afirmar que los inversores participarán de los emprendimientos suscribiendo acciones o préstamos convertibles en acciones de las S.A. o S.A.S. (Sociedades Anónimas o Sociedades por Acciones Simplificadas) emprendedoras, o participando en fideicomisos.

Finalmente, si bien el tema del financiamiento resulta ser un tópico trascendental, desde el punto de vista jurídico se debe resaltar que la principal novedad introducida por la ley es la creación de la “Sociedad por Acciones Simplificada” o “S.A.S.”, como un nuevo tipo societario.

Particularmente, tenemos que tener en cuenta que la ley de apoyo y fomento al emprendedor permite crear y administrar una Sociedad Anónima Simplificada.

Con este nuevo tipo societario y siguiendo el espíritu del legislador podemos compartir que la intención ha sido la “desburocratización” y simplificación de procedimientos para su constitución. Se prevé así la reducción de costos y que el trámite de constitución termine resultando económico, simple y accesible para el emprendedor.

A la fecha y no encontrándose aún reglamentada la ley, se puede adelantar que es positivo el fomento emprendedor y la agilización del procedimiento a los fines de la constitución. Ello, siempre y cuando la reglamentación sea acorde a lo normado y no dificulte los requisitos actuales para la constitución de cualquier otro tipo societario.

Entre los distintos aspectos que crea la ley, se puede señalar que se prescribe la constitución de la S.A.S. por una o varias personas humanas o jurídicas para que a través de la utilización de los medios digitales puedan constituir la sociedad anónima simplificada con la posibilidad de establecer un objeto social plural pero que enuncie en forma clara y precisa las actividades principales que constituyen el mismo, guarden o no conexidad o relación entre ellas.

A esos efectos, se establece –sujeto a reglamentación- la publicación de la constitución por un día en el boletín oficial y la facultad de control ejerciendo el poder de policía estatal por parte de los Registros Públicos a los cuales se los insta desde el gobierno a dictar modelos de estatutos tipo para facilitar la rápida inscripción.

Ello permitiría entonces la posibilidad de inscribir la sociedad anónima simplificada en el plazo de veinticuatro (24) horas, utilizando medios con firma digital y notificaciones electrónicas.

La norma dispone la exigencia de un capital social cuyo mínimo requerido es el equivalente a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil (a la fecha de esta publicación $16.120 (dieciséis mil ciento veinte pesos), con la posibilidad de poder realizar aportes en bienes dinerarios o en especie.

En cuanto a algunas particularidades de la norma, se puede señalar que se prevé que es el propio instrumento constitutivo el que puede establecer que las reuniones de socios se celebren en la sede social o fuera de ella, utilizando medios que les permitan a los socios y participantes comunicarse simultáneamente entre ellos, primando así por la utilización de las nuevas tecnologías.

En el mismo sentido pero desde un punto de vista jurídico-contable, vale aclarar que la contabilidad y registros que obligatoriamente deba llevar la S.A.S., se individualizarán también por medios electrónicos ante el Registro Público, con excepción del Libro de Inventario y Balances.

En cuanto a las formalidades requeridas, la ley prevé que el estatuto y los poderes que suscriba la S.A.S. podrán ser otorgados en protocolo notarial electrónico con la consecuente posibilidad de apertura de una cuenta bancaria y la obtención de la Clave Única de Identificación Tributaria (C.U.I.T.) en cortos plazos.

Con esto y si efectivamente la reglamentación de la ley no establece ningún requisito extraordinario, ya no será entonces necesario presentar frente a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) una prueba del domicilio en el momento de inicio del trámite sino que dicha acreditación se postergaría para ser otorgada dentro de los doce (12) meses de constituida la S.A.S..

Finalmente se debe poner de resalto que estas sociedades, para mantener su carácter de S.A.S., no deberán estar comprendidas en ninguno de los supuestos previstos en los incisos 1°), 3°),4°) Y 5°) del Artículo 299 de la Ley General de Sociedades N° 19.550, (t.o. 1984), ni ser controlada por una sociedad de las comprendidas en el mencionado artículo, ni estar vinculada, en más de un treinta por ciento (30%) de su capital, a una sociedad incluida en el precitado Artículo 299 de la Ley General de Sociedades.

Este conglomerado legislativo refiere entonces que, la S.A.S. no puede hacer oferta pública de sus acciones, o ser una sociedad de economía mixta o con participación estatal mayoritaria; no puede realizar operaciones de capitalización, ahorro o requerir dinero o valores al público con promesas de prestaciones o beneficios futuros, así como tampoco puede explotar concesiones o servicios públicos, ni ser controlada por una de estas sociedad o estar vinculada en más de un treinta por ciento (30%) a una sociedad de estos tipos.

Colofón:
En una primera aproximación frente a la publicación de la ley y sin mayores apreciaciones técnicas con carácter previo a la reglamentación, se puede concluir que ésta intenta dar respuesta a una necesidad actual del ecosistema emprendedor.

En concreto, la ley insta la facilitación de la constitución, la promoción y el crecimiento de pequeñas empresas mediante la creación de un nuevo tipo societario, esto es las sociedades por acciones simplificadas (SAS) y a su vez fomenta su financiamiento tanto público como privado a través de novedosos institutos.

En principio, la regulación posibilitaría la apertura vía internet de una empresa en un plazo de aproximadamente (veinticuatro) 24 horas, incluida la apertura de una cuenta bancaria en el acto y el necesario CUIT (Código único de identificación tributaria).

Por otro lado y en lo que respecta a aspectos generales, la ley crea un Registro de Instituciones de Capital Emprendedor y un Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Capital Emprendedor (FONDCE), con el cual se pueden financiar emprendimientos de forma conjunta con el sector privado.

También, avista una serie de beneficios impositivos para la inversión de capital, cuyos aportes podrán ser deducidos del impuesto a las ganancias, y todo con el objeto principal de evitar las dificultades con las que siempre se han topado los emprendedores.

Esto es, los costos y trabas burocráticas para constituir una sociedad comercial, la tardanza de las distintas reparticiones públicas, la falta de fondos propios y financiación, entre otros.

Por último, en materia de interpretación y resolución de conflictos se incorpora y se otorga la posibilidad de utilizar los métodos de solución alternativos al convencional y conocido judicial. Así, la ley propone resolver los conflictos por métodos como la negociación y el arbitraje, acorde con lo que el dinamismo y pragmatismo del comercio requiere.